Imagínense un partido de fútbol que ya está en el segundo tiempo. De pronto, el asistente de mesa o cuarto hombre arbitral decide expurgar el carné de un jugador y encuentra una aparente irregularidad. Éste había sido emitido sin que el Club cumpla las formalidades del reglamento. El árbitro asistente avisa al árbitro central y éste, en un supuesto exceso de reglamentarismo, decide expulsarlo de la cancha. Por coincidencia el jugador expulsado acaba de meter un gol de chalaca y es considerado la amenaza para el equipo rival que es el favorito. Este jugador se queja e insinúa que hay gato encerrado en su expulsión. Sostiene que su club ya regularizó la emisión del carné, que el partido no puede depender de una insignificante credencial. Que no se puede manchar el espectáculo con leguleyadas que favorecen al equipo rival. Grita que, si insisten en su expulsión, el partido será un fraude porque él es el único que puede asegurar la caída del equipo favorito. El árbitro se convence. En aparente contradicción al reglamento FIFA, lo hace regresar a la cancha y lo reivindica. Los rivales reclaman airadamente, uno llega a encadenarse para las cámaras de televisión que transmiten el encuentro en directo. Otros en tropel presentan hasta ocho reclamos por escrito en la mesa. Ante semejante avalancha de quejas, el árbitro se asusta y recula. Apenas unos minutos después de su reingreso, vuelve a expulsar al jugador cuestionado, contradiciendo su criterio anterior. Y, para que no piensen que es una cosa personal, que se la ha agarrado con el dos veces expulsado, decide también echar a otro jugador. A un rival al que poco antes había pillado en falta. La tribuna se inquieta, se calienta, se polariza. Una parte de ella se queja, grita, acusa al árbitro de estar comprado. El lado de oriente defiende al árbitro y le exige que cumpla el reglamento FIFA. Que no haga concesiones. El reglamento es el reglamento y se tiene que cumplir, le duela a quien le duela. Así uno o dos jugadores tengan que irse a los vestuarios antes que termine el partido. Mientras eso sucede en el estadio, en sus casas la mayoría de aficionados, que siguen el partido en vivo a través de la televisión, creen que al árbitro se le está yendo de las manos el encuentro, que parece un Cantinflas por sus decisiones contradictorias, que no está imponiendo su autoridad en la cancha. Los periodistas y relatores del encuentro también se dividen. Una parte de ellos fustiga al árbitro, lo acusa de preferir un reglamento menor y no permitir que el partido se dispute en buena lid. Que todo lo hace para que el equipo favorito finalmente gane el partido, aunque el cuadro rival esté haciendo mejor las cosas en el campo. Los antagónicos atacan al jugador dos veces expulsado. Lo acusan de ser un mal perdedor. De no respetar las reglas del juego ni cumplir las decisiones del árbitro. Hay un tercer grupo de periodistas que trata de ponerse al medio, de ser neutral. Ellas y ellos sostienen que ambas posiciones, a favor y en contra de la expulsión, tienen argumentos defendibles. Que debe ser el árbitro quien tome la decisión final, pero cualquiera que sea ésta debe de respetarse. Afuera los gritos de fraude y trafa se escuchan cada vez con más ruido. Hasta los corresponsales de la prensa extranjera hablan de fraude anticipado. Lo increíble es que todo esto sucede cuando faltan exactamente 32 minutos para el final del encuentro. Por lo menos del tiempo reglamentario de 90 minutos porque, en este partido de Copa Perú, lo más probable es que haya tiempo suplementario.

Éste es el bochornoso espectáculo en el que se ha convertido nuestras elecciones generales 2016. La palabra fraude se ha repetido varias veces. No solo en boca de los candidatos cuya permanencia depende de una justicia electoral contradictoria, lenta y sin reflejos, también se ha escuchado y leído en publicaciones tan prestigiosas como The Economist. El Perú visto como una república bananera o del África subsahariana donde, por un lado, las reglas de juego electorales no están claras y el árbitro confundido y pusilánime y, por el otro, un candidato con el 18% de la intención de voto en las encuestas y con opciones reales de disputar la presidencia en segunda vuelta, denuncia voluntad de fraude porque no lo dejan seguir en carrera. Los expertos locales y foráneos dicen que esto solo sucede o en dictaduras corruptas o en estados fallidos. O sea en poquísimos países del planeta. Es que nadie entiende cómo empieza el partido o carrera electoral sin que los jugadores tengan saneadas sus respectivas inscripciones. Lo normal es que solo entren a la cancha aquellos jugadores que tienen todo en regla. La incertidumbre y la falta de credibilidad en el árbitro son evidentes. La perdida de legitimidad del proceso es más evidente aún. El sistema electoral ha colapsado. Peligroso para un país con instituciones débiles. Resuelva cómo resuelva en última instancia el JNE, para un sector importante de electores habrá dudas de la imparcialidad de esas resoluciones. Quedará la mancha de manipulación, de trafa, de opacidad y manoseo. El que resulte elegido presidente o presidenta asumirá el cargo con el estigma del fraude adelantado. Y ya sabemos cómo terminan aquellos presidentes que ingresan a gobernar con escasa legitimidad. O en autocracia o en crisis social y económica. La Venezuela de Nicolás Maduro es la versión degenerada de lo que empezó como un proceso reeleccionista amañado de su mentor Chávez. Populista petrolero y avasallador, pero reelecto con leyes tramposas que disminuían ostensiblemente a la oposición. Quizá el México de Felipe Calderón sea un mejor ejemplo para nuestro caso. En diciembre del 2006 Calderón asumió la presidencia de su país en medio de acusaciones de fraude y con un perdedor, el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, vociferando estafa sin aceptarlo como presidente varios meses. Una vez en el poder y con escasa autoridad, alguien convenció a Calderón de que una manera rápida de legitimarse era declarando la guerra a todos los cárteles de la droga al mismo tiempo. Lo hizo y hoy México es una hemorragia que cuenta más de 80 mil muertes violentas. Con un tejido social desgarrado, con 70% del territorio infectado por la llamada narcoviolencia. Y lo más grave, los cárteles de la droga se han reproducido en organizaciones transversales del crimen organizado. No solo trafican drogas, también lo hacen con seres humanos, lavan dinero, extorsionan, falsifican, matan y hacen todo lo que sea ilegal. Acá alguien puede convencer al electo presidente con poca legitimidad que la inseguridad ciudadana se combate con leyes draconianas o reduciendo el derecho a la defensa de los acusados. Terminaremos con las cárceles repletas y con las calles militarizadas, aunque el problema persistirá. Ya pasa algo similar con la famosa ley de flagrancia, hecha supuestamente para combatir el crimen organizado. Más de cien mil personas están siendo procesadas con esta ley abusiva, mucha de ellas presas, y todos por el supuesto delito de resistencia a la autoridad. Es decir, nada de atacar al crimen organizado, que sigue fortalecido, disparando balazos asesinos en la Vía Expresa a plena luz del día. Lo único que ha hecho esta ley es darle la herramienta de extorsión perfecta a los policías corruptos. 

En el Perú, a un mes de las elecciones, la pregunta del millón es: ¿Cómo salimos de este entuerto? Los juristas entusiastas están proponiendo salidas legales tan creativas como contradictorias. Legitimar un proceso violando la ley. Es que no es fácil resolver este entrampamiento electoral con una legislación contradictoria y parchada por la irresponsabilidad del Congreso. Una solución práctica y viable podría ser declarar por única vez una “amnistía electoral” para todos los candidatos a la presidencia y al Congreso. Permitir que todos jueguen en la cancha y que sea el elector el que, con su voto, sancione o castigue a los improvisados, a los plagiarios compulsivos, a los cleptómanos del erario público. Que decida si quiere lo viejo conocido o lo nuevo por conocer. Si quiere la experiencia o al inexperto, porque para muchos electores la experiencia está más relacionada a la pericia en saquear profesionalmente las arcas públicas que a administrar bien y mejor el aparato estatal. Solo así, con todos corriendo en la cancha, podremos llegar al 10 de abril para la primera vuelta. La segunda vuelta o tiempo suplementario será, como ha sido en las tres últimas elecciones, un plebiscito al revés. Votaremos para que alguien no salga elegido. Seremos supremos intérpretes de la Doctrina Alan García: no tengo la capacidad de poner a un presidente pero sí de impedir que alguien lo sea. Así estamos. Una vez inaugurado el nuevo gobierno, la prioridad debe ser una reforma en serio y progresiva del sistema político y electoral, porque el remedo de reforma promulgado por el Congreso a dos meses de convocadas estas elecciones, son la prueba de que los políticos no quieren realmente cambiar el sistema de representación y elección porque no les conviene. Navegan bien en las aguas sinuosas del voto preferencial con cacicazgos partidarios, en las cuentas oscuras de los aportes para las campañas electorales sin fiscalización real, en las subastas de los números para postulantes al Congreso y Parlamento Andino. Y varias taras más de un sistema sin partidos políticos. Lo máximo que tenemos son cascarones, nuevos o antiguos, tomados u organizados por caudillos que no dejan la mamadera ni permiten el recambio generacional orgánico y meritocrático. Nadie más. Solo ellos. Por eso que ya vienen postulando tres o cuatro veces a la presidencia por no hablar de los decanos en las listas parlamentarias. Estos politicastros han demostrado que la carrera política es la vía más rápida para enriquecerse y asegurar la tranquilidad económica de su familia por varias generaciones. Así están los últimos presidentes elegidos democráticamente en el Perú: Fujimori en la cárcel acusado de robar por lo menos 600 millones de dólares, además de otros crímenes por los que ha sido sentenciado a 25 años de cárcel. Alan García es el político que ha hecho de la frase “la plata llega sola” su divisa. Todavía resulta inexplicable cómo compró su departamento en la avenida Pardo de Miraflores cuando era un joven diputado a los 30 años de edad. Después vinieron su residencia en Chacarilla, su casa de playa en Naplo, su departamento en París. Para la compra de su última casa, donde vive ahora con la madre de Federico Dantón, ya ha dado muestras de ser un buen político. O sea aquel que sabe conjugar sin problema los verbos robar y lavar. Alejandro Toledo, el hombre que insiste en ser otra vez presidente de la República pero que el escándalo Ecoteva lo ha pulverizado a la categoría de pitufo en las encuestas de intención de voto. La gente detesta que sea cínico. Pero detesta más a su mujer, a quien consideran la autora intelectual de este escándalo. Lo que falta por determinar es de dónde salieron los cinco millones de dólares para la compra de su mansión en Casuarinas y su súper oficina en el edificio inteligente construido en frente del Jockey Plaza. Toledo, que alguna vez fue consultor económico de organismos internacionales, ahora es un dipsómano descubierto fuera de lugar en las entrevistas mañaneras de la campaña electoral. Ollanta Humala, el comandante al que el escándalo Lava Jato le alcanzará de todas maneras. La pareja Ollanta-Nadine es el ejemplo más contundente de cómo la política te da una casa propia, ahorros para no preocuparte en los próximos lustros. Y cómo las campañas electorales son muy rentables en términos de la economía familiar, así no se gane la elección. Ahí están las agendas de la señora Heredia como bitácoras indelebles del dinero de Odebrecht, la transnacional que no regala dinero, ni siquiera hace donaciones a sus amigos políticos. Invierte. Después se cobra con creces. Sin contar lo que se investigue de estos cinco años en el gobierno. Estas son nuestras estrellas de la Copa Perú. ¿Qué les parece?